Rociito y el Estado de derecho
España tendrá unas cuantas cosas que explicar cuando la UE ponga en marcha su mecanismo de supervisión del Estado de derecho.
Si este artículo se hubiera titulado ‘La Superliga y el Derecho de la Unión Europea’, seguramente no le hubiese llamado la atención. Quizá no se hubiera molestado en leerlo. Puede que tampoco se moleste en leer este, y se quede con la duda de qué hace una chica como yo hablando de un tema como este. La chica, yo, se dedica a escribir aburridos análisis sobre derecho comunitario. El tema, este, es el cotilleo que nadie admite ver pero que todo el mundo sigue. Nadie en su sano juicio organizaría una conferencia sobre Rociito y la Unión Europea. Algo, que por otra parte, sí ha pasado con la Superliga. Será que ser intelectual y que te guste el fútbol te da prestigio, mientras que si lo que te gusta es el famoseo eres una maruja. Ilustrada, pero maruja.
Y sin embargo, Rociito y la Unión Europea tienen mucho más que ver de lo que parece. El eje del documental es la denuncia del precario estado del sistema judicial español, que no ha sabido, o no ha querido, proteger y resarcir a Rocío de los presuntos malos tratos de su exmarido. Yo, como todo el mundo, tengo una opinión que es totalmente irrelevante. El debate que el documental ha abierto sobre la justicia, la presunción de inocencia y la protección de los derechos fundamentales, así como la intervención del Gobierno, sin embargo, no lo es.
Hace tiempo que la UE está metida en una guerra contra la erosión del Estado de derecho en Europa. Probablemente, la batalla más dura sea la que se está librando en Polonia. El Gobierno de Morawiecki lleva años poblando los tribunales con jueces leales a su partido (PiS, en sus iniciales polacas) y purgando a todos aquellos que no lo son. Hace poco, el PiS se sacó de la manga un “Tribunal Constitucional” totalmente ficticio. El Gobierno quiere que este tribunal prohíba a los jueces polacos elevar preguntas al Tribunal de Justicia de la UE. En la práctica, esto dejaría desprotegido al sistema judicial polaco ante los constantes abusos de poder del Ejecutivo. Ni que decir tiene que nada de esto es legal. La justicia europea ha condenado varias veces a Varsovia. La Comisión tiene varios procedimientos de infracción abiertos, pero nada de esto ha funcionado.
Polonia tiene un problema muy serio. De paso, toda la Unión Europea, donde existe una especie de mercado único de la justicia, lo tiene también. ¿Es posible que la calidad y la imparcialidad de la justicia española estén en peligro, como parece sugerir parte de nuestro Gobierno? Si el espeluznante relato de Rociito es cierto, y los fallos judiciales tan serios, ¿dónde deja eso al Estado de derecho español?
Para evitar problemas como el polaco, Bruselas está cambiando de estrategia. En lugar de dedicarse a denunciar a países y ponerles multas que no van a pagar, la UE quiere adelantarse a los acontecimientos a través de un mecanismo de supervisión del Estado de derecho parecido al que lleva a cabo en relación a las políticas fiscales y macroeconómicas con el llamado Semestre Europeo. De ese chequeo anual no se va a librar nadie, y España tendrá unas cuantas cosas que explicar. El bloqueo político del Consejo General del Poder Judicial, la suspensión de derechos procesales en aplicación de leyes antiterroristas o la duración de la prisión provisional son algunos ejemplos. Pero una cosa que no va a ser motivo de discusión es la justicia patriarcal. Primero, porque en España hay más juezas que jueces. Segundo, porque España es uno de los pocos países que han habilitado una jurisdicción penal especial para tratar casos de violencia de género. De hecho, España es puntera en la lucha contra delitos difíciles de detectar y de gran carga social. La fiscalía especial para delitos de odio sirvió como ejemplo para muchos otros países.
Seguro que todavía queda mucho por hacer para que ninguna víctima se sienta desamparada. También para que ningún programa de televisión esté por encima de la presunción de inocencia. Pero la defensa sin fisuras de un sistema judicial apolítico, eficaz e imparcial es un elemento esencial de un Estado de derecho fuerte, y debería ser el instinto de cualquier gobierno. Lo que no quiere decir que nuestro sistema no necesite reformas. Pero ese es otro debate. Quizá para la segunda temporada de ‘Rociito y el estado de derecho’.